Leyes Ley N° 27104 (1999): Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología. Es el marco general que regula la seguridad de la biotecnología moderna. Ley N° 29811 (2011) y su modificatoria Ley N° 31111 (2021): Establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. La Ley 31111 extendió esta vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035. Reglamentos Decreto Supremo N° 108-2002-PCM: Reglamento de la Ley N° 27104, que distribuye competencias entre los Organismos Sectoriales Competentes (INIA, DIGESA y PRODUCE). Decreto Supremo N° 012-2023-MINAM: Reglamento de la Ley N° 29811, modificada por la Ley N° 31111 (Ley de Moratoria). Decreto Supremo N° 011-2011-AG: Dictan normas sobre seguridad de la biotecnología en el desarrollo de actividades con organismos vivos modificados agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados. Directrices Resolución Ministerial N° 00089-2025-MINAM, que aprueba la actualización de las guías a ser aplicadas en las acciones de control de ingreso y vigilancia para la detección de Organismos Vivos Modificados - OVM. Resolución Ministerial N° 195-2015-MINAM que establece la lista de mercancías sujetas a muestreo y análisis de detección de OVM. Otras Ley N° 29571: Código de Protección y Defensa del Consumidor (Art. 37 referente al etiquetado de alimentos genéticamente modificados). Decreto Supremo N° 011-2016-MINAM, que aprueba el listado de mercancías restringidas sujetas a control en el marco de la Ley N° 29811.

El Perú ha implementado un marco institucional intersectorial para cumplir con las obligaciones del Protocolo y la normativa nacional: Autoridad Nacional Competente y Punto Focal del PCB: El Ministerio del Ambiente (MINAM) coordina la política nacional y actúa como enlace con el Secretariado del CDB. Organismos Sectoriales Competentes (OSC): Se encargan de la regulación y gestión de la bioseguridad según el tipo de OVM: INIA: Sector Agricultura (uso agrícola, pecuario y forestal). Viceministerio de Pesca y Acuicultura (PRODUCE): Sector Pesquero (recursos hidrobiológicos). DIGESA (MINSA): Sector Salud (alimentos procesados). DIGEMID (farmacéuticos). Entidades de Fiscalización y Control: OEFA: Fiscalización ambiental de actividades con OVM. SENASA: Selección de envíos y apoyo en la inspección de OVM en puntos de ingreso y áreas de cuarentena. SANIPES: Selección de envíos y apoyo en la inspección de OVM en puntos de ingreso y áreas de cuarentena, y vigilancia en establecimientos comerciales de peces ornamentales. Coordinación: Funciona el Grupo Técnico de Bioseguridad (GTB) de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), presidido por el MINAM, donde convergen estas entidades junto con la academia y sociedad civil para articular la implementación de medidas. Los recursos no son suficientes para la vigilancia en todas las zonas de frontera y puntos de ingreso del país, el mantenimiento de la acreditación y la adquisición de reactivos y materiales de referencia certificados de laboratorios de detección molecular de OVM, la contratación estable y permanente de personal especializado para la implementación del marco normativo de bioseguridad, y la investigación científica necesaria para el análisis de riesgos caso por caso. El Perú cuenta con 12 profesionales calificados que cumplen funciones directamente relacionadas con la seguridad de la biotecnología: MINAM (6), INIA (3), PRODUCE (0), MINSA (0) y OEFA (3). Sin embargo, la proporción es dispareja entre las diversas entidades con competencias en materia de bioseguridad. Se requiere mayor personal para cobertura en puntos de control fronterizo y fiscalización en campo.

Los productos farmacéuticos (que podrían incluir OVM, como ciertas vacunas que hacen uso de patógenos modificados atenuados) están sujetos a regulación sanitaria específica bajo la Ley N° 29459 (Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios), supervisada por la DIGEMID. Si bien existe regulación, el tratamiento de estos productos suele seguir normas internacionales de salud (OMS) y procedimientos de registro sanitario, diferenciándose del procedimiento de acuerdo fundamentado previo (AFP) ambiental que establece el Protocolo de Cartagena.

La normativa nacional de bioseguridad exige que el transporte de OVM dentro del territorio nacional cumpla con requisitos de seguridad para evitar liberaciones accidentales. Asimismo, el artículo 37.4 del Decreto Supremo N° 012-2023-MINAM establece regulaciones específicas para el tránsito internacional de OVM.

Debido a la vigencia de la Ley de Moratoria (Ley N° 31111), el ingreso de OVM para cultivo o crianza (liberación al ambiente) está prohibido. Como consecuencia de esta prohibición legal, el Perú no admite a trámite notificaciones o solicitudes para la importación de OVM destinados a la introducción deliberada en el medio ambiente. Por ello, no se han reportado decisiones bajo el procedimiento regular de AFP en este periodo.

Perú importa "commodities" ya aprobados en sus países de origen basándose en requisitos fitosanitarios/inocuidad, pero no ha emitido ninguna decisión de uso de OVM en este periodo. Aunque se emiten Permisos Fitosanitarios de Importación (PFI) para cargamentos de granos, no se han tomado decisiones regulatorias nuevas bajo el Artículo 11 del Protocolo para aprobar o prohibir un tipo específico de OVM para alimentación humana, animal o procesamiento..

Dado que no se han emitido autorizaciones para la introducción deliberada de OVM en el medio ambiente ni para AHAP, no se han ejecutado procesos de revisión de decisiones adoptadas.

El marco legal peruano (Ley N° 27104 y Reglamento) prioriza la evaluación de riesgos caso por caso. No se ha establecido un "procedimiento simplificado" tal como lo define el Artículo 13 del Protocolo.

El Perú basa la gestión del movimiento transfronterizo de OVM estrictamente en la legislación nacional vigente: Ley N° 27104 (Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología) y la Ley N° 31111 (Ley que modifica y amplía la vigencia de la Ley N° 29811 que establece la moratoria al ingreso y producción de OVM). Por ello, no se han suscrito acuerdos bilaterales o regionales específicos bajo el Artículo 14 que establezcan procedimientos distintos para el ingreso de OVM.

En el Perú se ha detectado la presencia ilegal de OVM en campos de cultivo de maíz de la costa norte (provincias de Piura y Lambayeque), los cuales pueden conllevar a movimientos transfronterizos involuntarios, pero a la fecha, no existe evidencia de que puedan causar efectos significativos sobre la conservación y uso de la diversidad biológica, o en la salud humana.

La implementación de la Ley de Moratoria ha impulsado significativamente la capacidad analítica del país. El Estado cuenta con un laboratorio público acreditado bajo la norma ISO 17025 en el INIA equipado para realizar PCR en tiempo real y personal que emplea Materiales de Referencia Certificados (CRM) bajo estándares internacionales (ISO). A pesar de estos avances, los principales retos incluyen la necesidad de descentralizar la capacidad de detección molecular de OVM, y mantener un programa de capacitación permanente para los operadores de comercio exterior, inspectores sanitarios y agentes de aduanas, debido a su alta rotación.

Los movimientos ilícitos reportados a las autoridades competentes están siendo investigados para determinar su origen, los eventos involucrados y los lugares donde son destinados antes de ser reportados en el BCH.

El Ministerio del Ambiente (MINAM), en su calidad de Punto Focal Nacional, administra el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB) para el Perú. Durante el periodo de este informe, se ha priorizado mantener actualizado el registro de leyes, reglamentos y los datos de contacto de las Autoridades Nacionales Competentes. Asimismo, el Perú cuenta con un portal web nacional (bioseguridad.minam.gob.pe) que complementa al CIISB, donde se publica información sobre los resultados de las acciones de control y vigilancia de OVM en el marco de la Ley de Moratoria, guías técnicas, protocolos de laboratorio y material de concientización pública, entre otros.

Si bien el solicitante (notificador) tiene el derecho de solicitar o señalar qué información considera confidencial, es la Autoridad Nacional Competente la que debe evaluar y aprobar dicha solicitud, asegurándose de que no contravenga el derecho de acceso a la información pública, especialmente en lo referido a la salud y el ambiente.

Acceder a la asignación STAR del FMAM para proyectos exclusivos de bioseguridad resulta altamente competitivo y complejo a nivel interno. Las prioridades nacionales de conservación suelen dirigir estos fondos hacia la gestión de áreas naturales protegidas o la lucha contra la deforestación. Esto deja una importante brecha de financiamiento para sostener la implementación del marco normativo de bioseguridad. Se ha recibido apoyo técnico puntual a través de foros regionales, capacitaciones del IICA y programas multilaterales enfocados en temas específicos de detección en laboratorio a través de cooperación Sur-Sur con Argentina y un taller de evaluación de riesgos convocado por el CDB.

El MINAM, como punto focal nacional del Protocolo de Cartagena, despliega campañas informativas, charlas, seminarios, entre otras, dirigidas a agricultores, comercializadores de semillas y público general para explicar los alcances de la normativa nacional de bioseguridad. A través del Portal bioseguridad.minam.gob.pe se publican guías técnicas, normativas, y material didáctico audiovisual de libre acceso. Y al estar prohibida la introducción deliberada de OVM en el ambiente con fines de cultivo o crianza, el Estado no ha tenido necesidad de activar mecanismos de consulta pública para la aprobación comercial de eventos transgénicos durante el período reportado.

El Perú es un importador neto de granos como el maíz amarillo duro y la soya, destinados fundamentalmente al uso directo como alimento humano, animal o para procesamiento (OVM-AHAP). La gran mayoría de estas importaciones provienen de Estados Unidos y Argentina, países que no son Partes del Protocolo de Cartagena. Esta importación comercial está legalmente permitida en el país (ya que la Ley de Moratoria excluye a los OVM para alimentación humana, animal o procesamiento) pero no se realizan en el marco del Protocolo pues falta implementar los reglamentos internos sectoriales de bioseguridad para establecer el procedimiento específico.

El Perú se encuentra rodeado por países con alta adopción de los OVM en la agricultura como Brasil, Colombia y Bolivia. Se ha determinado que gran parte de estos ingresos ilícitos ocurren a través del contrabando por pasos fronterizos informales, o por el desvío de uso de granos OVM para alimentación humana, animal o procesamiento que ingresaron legalmente para uso industrial, pero que terminaron siendo sembrados por agricultores.

Respecto a la pregunta 155, el CONCYTEC participó del Workshop: Multistakeholder Consultation on Responsible Innovation and Anticipatory Governance of Emerging Biotechnologies, realizado el 9 de diciembre de 2025 y organizado por la delegación de Reino Unido del Grupo de Trabajo de Biotecnología, Nanotecnología y Tecnología Convergentes de la OECD. Respecto a la pregunta 157(b), se cuenta con el Grupo Técnico de Bioseguridad de la CONADIB.

Si bien el Perú es Parte del Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur, el marco jurídico nacional no cuenta con mecanismos específicos para exigir responsabilidad y compensación por daños ambientales derivados de OVM. Sin embargo, la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) establece la responsabilidad objetiva por daños ambientales, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene la facultad para dictar medidas administrativas que permite sancionar a los infractores que vulneren la Ley de Moratoria.